El Nuevo y retrógrado Estatuto del Empleado Público

No negaré al gobierno socialista muchos méritos, como la ley que permite el matrimonio entre homosexuales, la ley integral de violencia de género, el repliegue de Irak(*), la negociación de los estatutos autonómicos, entro otras. Pero el nuevo proyecto de ley que quiere entrar a trámite a principios de mayo sobre el estatuto de los funcionarios deja mucho que desear. Y lo peor es que los sindicatos, por lo menos CCOO, parece que tienen poco que objetar.

Un gobierno de izquierdas debería velar por el bienestar de los trabajadores e incluso mejorarlo. En lugar de ello, con el nuevo estatuto, los funcionarios deberán pasar pruebas anuales para comprobar su aptitud para el puesto (¿que no las pasaron con las oposiciones?), y si los objetivos marcados no son alcanzados, el funcionario de turno podría ver reducida su nómina e incluso ser trasladado a otra ciudad. Llamemos a estas medidas por su nombre: mobbing.

Según el secretario general de Administraciones Públicas, Francisco Javier Velázquez, citado en el Periódico de Catalunya, el día 13 de marzo de 2006, “se diseñará un sistema de evaluación de desempeño de la labor por el que ganará más quien mejor trabaje y perderá salario el que no cumpla los objetivos”. Una evaluación negativa, según Velázquez, “frenará su carrera en la Administración y podría perder su puesto –no su plaza, que la tiene por oposición- siendo trasladado”. O sea, estrés e inseguridad laboral que acabarán afectando al desempeño del trabajo.

Dicen en el PSOE que no se puede seguir con criterios de los años 50 en el siglo XXI. Pues bien, prefiero los criterios de los 50. Dicen que serán evaluados objetivamente. Menuda palabra: ¿objetivamente según quien gobierne, no? Si finalmente llevan a buen puerto estas medidas tan progresistas, espero que también, por decoro, los mismos políticos sean examinados “objetivamente” cada año, y no cada cuatro como hasta ahora.

Pero el cinismo de la propuesta del nuevo Estatuto del Empleado Público va más lejos. Defiende que todas las administraciones estén dirigidas por equipos de gestores de “élite”, pero estos no serán seleccionados como el resto de empleados públicos. No, éstos, según Velásquez, serán contratados “con criterios empresariales y profesionales” (¿nada de amiguismos?). Finalmente, la guinda: una vez cesen no perderán su nivel retributivo. Justificación: “Para atraer profesionales y evitar la fuga de los mejores al sector privado”.

Aún habrá alguien que exclamará que ya era hora que los funcionarios entren en vereda. Les respondo: mira por tu trabajo y, si tienes envidia de alguna condición de los funcionarios, lucha por conseguirla o superarla en tu gremio. Por cierto, la medida afectará a todos los empleados públicos: ayuntamientos, comunidades y gobierno central.

(*) Sobre lo concerniente a lo militar, es bueno recordar, sin embargo, que el año pasado el gobierno incrementó como nunca la investigación en esta materia.