Negreros y usureros

De nuevo he de referirme a dos noticias publicadas en El País. En una, Jesús García explica cómo un empresario de Mercabarna, Isidro G. M., de nacionalidad española, explotaba como se le antojaba a tres inmigrantes sin documentación. No sé si esta clase de abusos se ha de calificar de excepción o de regla, aunque me incline a pensar por lo segundo a la vista de los casos que a cuentagotas nos muestran los diarios.

Pero ha sido la última parte de la denuncia-información la que me ha soliviantado. A Isidro G.M., el supuesto delincuente, se le ha puesto en libertad con cargos. ¿Que qué le pasará? No mucho, supongo. Incluso a lo mejor ni ha pecado y su conciencia -que se alegará ignorancia- estará bien limpia. Me lo imagino engañándose a sí mismo: “Si todo el mundo lo hace”. Mientras tanto, a los tres inmigrantes se les ha abierto un expediente para expulsarlos del país. Eso sí, no se les ha recluido en un centro de internamiento para extranjeros. ¡Qué buenos somos!

En la otra, A Mars titula: “Trabajo sanciona a La Caixa por falta de prevención de riesgos”. ¡La multa es de 3000 euros! Siento verdadera lástima por esta ONG. ¡Con lo abnegado de su trabajo por el ciudadano! A ellos les debemos el poder comprarnos pisos y a ellos la crucial Obra Social. ¿Qué van a hacer sin estos pingües fondos? Parlem-ne?

Pero no, la ONG no se da por vencida y se defiende con uñas y dientes. ¡Ay!, de su defensa emana su culpabilidad: arguyen que han interpuesto un recurso a la resolución presentada por la consejera de Trabajo, Mar Serna, porque no está claro a quién compete la actuación, si a Inspección de Trabajo de la Generalitat o a la del Estado. Pero no dicen ni mu sobre la veracidad o no de la información que explica el diario (según la cual La Caixa, parlem-ne? se ha negado repetidas veces a entregar a CCOO un documento sobre prevención de riesgos laborales). Luego quien calla otorga.

Y digo yo, por dar ideas a la consejera de turno y a quien competa, en aras de la igualdad, la justicia y la fraternidad, y por joderlos, vaya, ¿no se debería incrementar la multa?, ¿no tienen ellos muchísimos más trabajadores que un colmado, los cuales deberían saber a qué atenerse en caso de riesgos (un atraco, por ejemplo, como señala el/la periodista)? Lo malo es que todos sabemos quién acaba pagando el pato. Aún me cuesta creer que la multa sea sólo de... ¡3000 pírricos euros! Parlem-ne?